Aseguran garantías en procesos por disturbios en Cuba

Autoridades jurídicas de Cuba aseguraron que los procesos legales tras los disturbios de julio último avanzan con las garantías legales requeridas, según publica esta jornada el diario Granma.

Joselín Sánchez, magistrado del Tribunal Supremo Popular (TSP), precisó que ‘las investigaciones de actos más agresivos, violentos y dañinos todavía no han entrado a los tribunales’.

Hasta la fecha siguen en curso las investigaciones sobre los hechos de mayor gravedad mientras que prosiguen los procesos por delitos de menor entidad en tribunales municipales.

El también director de Supervisión y Atención a la Población del TSP informó la radicación, hasta el momento, de 23 causas vinculadas a los sucesos y 67 acusados juzgados.

La tipicidad delictiva predominante es el desorden público con 58 implicados, si bien existen otras como resistencia y daños, añadió.

Entre las garantías previstas por la ley destacan el derecho a aportar pruebas, tanto por parte del denunciante como del acusado; comparecer este último con un abogado de su elección; declarar o abstenerse de hacerlo, así como el derecho a establecer recursos, subrayó.

Ningún acusado menor de 16 años, edad mínima de responsabilidad penal en el país, ha sido sancionado penalmente por los tribunales, ratificó el magistrado.



En tanto, los profesionales de la Fiscalía General de la República mantienen seguimiento a los sucesos del 11 y 12 de julio, de acuerdo con la fiscal jefa de la Dirección de Procesos Penales de la entidad, Lisnay María Mederos.

Entre otros, continúa la tramitación de los procesos investigativos sobre hechos de mayor connotación, en los cuales se pusieron de manifiesto actos de violencia contra personas, autoridades y bienes.

Estos recibieron medidas cautelares de fianza, reclusión domiciliaria y prisión provisional.

De estos procesos, afirmó, ya se concluyó un grupo en la actualidad, en los cuales la Fiscalía evalúa las decisiones procesales a adoptar, y el resto está próximo a su terminación.

Es una obligación velar por la legalidad de las actuaciones, los términos en la toma de decisiones, la determinación de la responsabilidad individual y las circunstancias concurrentes, unido a la proporcionalidad y racionalidad, en correspondencia con la defensa de los bienes jurídicos protegidos, recalcó.

(Tomado de Prensa Latina)

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