Esta jornada se presentó a diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) los proyectos de leyes de Tribunales Militares, del Proceso Penal Militar, y del Ordenamiento Territorial y Urbano y la Gestión del Suelo, los cuales se analizarán en el venidero periodo ordinario de sesiones del órgano legislativo.
En el caso de los dos primeros documentos, participaron, mediante videoconferencia, integrantes de las comisiones permanentes de trabajo de Defensa Nacional y Orden Interior y la de Asuntos Constitucionales y Jurídicos.
En presencia de Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, expuso las principales características de los proyectos.
En cuanto al de Tribunales Militares, explicó que las políticas aprobadas para la elaboración de la Ley de los Tribunales de Justicia resultan de aplicación a los Tribunales Militares en un amplio número de cuestiones comunes al ejercicio de la función judicial.
Con esta norma, dijo, se refuerzan las garantías de acceso a la justicia, debido proceso, tutela judicial efectiva, transparencia, profesionalidad, calidad, responsabilidad, evaluación y rendición de cuentas.
Como aspectos novedosos mencionó que se actualiza la estructura y organización de los tribunales militares en las diferentes instancias, y que la mayoría de los asuntos se conozcan y resuelvan, en primera instancia, por los tribunales militares de región.
Se crea el Consejo de Gobierno en los tribunales militares territoriales, en sustitución de los consejos técnicos disciplinarios judiciales, así como los cargos de vicepresidente del Tribunal Militar de Región, presidente de sala, y de sección, en las estructuras que sea necesario.
Se otorga a las asambleas municipales del Poder Popular las facultades de elección y revocación de los jueces legos que actúan en los tribunales militares territoriales y de región.
En cuanto al proyecto de ley del Proceso Penal Militar, señaló que sus regulaciones se estructuran coherentemente, por etapas del proceso, con enfoque de sistema.
Aseveró que desarrolla derechos y garantías contenidos expresamente en la Constitución de la República, tales como Defensa, Inmediación, Imparcialidad, Concentración y Presunción de Inocencia.
Esta norma, ahondó, amplía el régimen de acceso, comunicabilidad, y participación del imputado, su defensor, la víctima y el tercero, en todas las fases del proceso.
Además, se introducen vías para la solución de los conflictos por métodos alternos y se refuerza el juicio oral, público y contradictorio.
Remigio Ferro añadió que se establece la posibilidad del imputado o acusado de solicitar al Tribunal la revocación o modificación de la medida cautelar de prisión provisional impuesta por el fiscal.
Recalcó que se incorpora el procedimiento de Habeas Corpus y se crean reglas de procedimiento para el juzgamiento de los menores de 18 años de edad.
En el caso del proyecto de ley Del Ordenamiento Territorial y Urbano, y la Gestión del Suelo, Anelis Marichal González, directora general de Ordenamiento Territorial y Urbanístico, lo presentó a los diputados de la Comisión de Industrias, Construcción y Energía.
Señaló que no existen antecedentes de una norma de este tipo en el país, y que posee un enfoque multiactoral, multidimensional y multinivel.
(Tomado de ACN)
