El Tribunal Provincial Popular de La Habana sancionó a siete funcionarios de la Empresa Eléctrica de la capital y a 14 clientes del sector residencial del municipio de Plaza de la Revolución, por la falsificación de documentos bancarios y de comercio como medio para cometer un delito de cohecho de carácter continuado.
Yadier Domínguez Pérez, primer oficial operativo del DTI, explicó que la cadena delictiva estaba compuesta por el informático principal de la Empresa Eléctrica de La Habana, el administrador de la oficina comercial de Plaza de la Revolución, un inspector supervisor y lectores-cobradores, quienes recibían una elevada suma de dinero, productos, equipos u otras dádivas de manera sistemática o mensual de sus clientes.
Agregó que el administrador provincial del sistema automatizado integral de gestión comercial ―empleado por la Unión Eléctrica para el control de la facturación de sus clientes― alteraba la base de datos a partir de los permisos conferidos por sus funciones.
«El acuerdo que ellos tenían consistía en rebajar el consumo eléctrico de estos clientes con el objetivo de que pagaran mucho menos en su factura», señaló el primer teniente Jorge Félix Yanes Abreu, primer instructor penal, quien especificó que, de los 14 clientes identificados y traídos al proceso penal, no todos tenían modificaciones del sistema.
«En estos casos, lo que se daba era una acumulación de energía en los metrocontadores. Es una energía que usted ha cosumido, que la tiene acumulada, que el metrocontador la registra, pero no ha sido reportada a la oficina comercial», añadió.
Mario Castillo Salas, director general de la Empresa Eléctrica de La Habana, manifestó que se aplicó un retroactivo de hasta un año —lo legalmente permitido— y pudieron recuperar la afectación económica, en algunos casos superior a los 100 000 pesos por cliente.
Las sanciones para los acusados como autores directos oscilaron entre seis y ocho años de privación de libertad y al resto de los implicados testigos en el proceso, se les aplicó multas administrativas por parte del órgano de instrucción y la Empresa Eléctrica.
(Con información de Cubadebate y Canal Caribe)